La Jabalinada / Bruno Cortés
En México el dinero público tiene una vocación de turista: sale de la Tesorería con boleto de ida, pasea por constructoras, comercializadoras y consultorías, y casi nunca manda postal de regreso. La novedad de esta semana es que alguien por fin le siguió el itinerario. Y mientras los auditores dibujan rutas del dinero, en Hidalgo una manifestante le grita a la ventanilla de una camioneta presidencial que su presa los tiene sufriendo.
Empecemos por la contabilidad. En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 en San Lázaro, el auditor superior Aureliano Hernández Palacios reportó más de 9 mil millones de pesos por aclarar. Casi seis de cada diez pesos son de apenas 42 municipios: 5 mil 243 millones. De los 5 mil 262 millones revisados en esos ayuntamientos, el 99.6 por ciento quedó sin justificar. Tecámac, solito, carga con mil 201 millones. No es un hoyo en las finanzas: es un socavón con cabildo.
El auditor lo dijo así: «El mensaje es claro: hoy la fiscalización requiere investigar no solamente cuánto se gastó, sino quién recibió los recursos, cómo se utilizaron, cuál fue su destino final y si existieron acuerdos para defraudar al Estado mexicano». Bienvenida la frase. Ojalá no acabe en el archivo muerto con todo y engargolado.
Y luego llegó el plato fuerte, servido en Monterrey. La ASF denunció ante la FGR, desde el 16 de octubre, una presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos en el gobierno de Nuevo León. El diagrama es de manual: el estado paga 5 mil 851 millones a una constructora, esta pasa 5 mil 154.6 millones a otra empresa y de ahí salen 385.3 millones hacia un despacho jurídico ligado al gobernador Samuel García y a su padre. Según las cuentas de Reforma y El Norte, por cuatro rutas distintas al despacho llegaron unos 728 millones.
«Tenemos mapeado el movimiento de los recursos», presumió Hernández. Conviene la salvedad: la ASF no dio nombres, es una denuncia y no hay sentencia; hay un expediente. En septiembre, ante otra denuncia de Morena, García despachó el asunto como «un refrito de noticias del año 2021 y 2022». Tendrá que explicar si la auditoría también es refrito o si ahora la receta trae ingredientes nuevos.
Traducción jabalí: el «nuevo Nuevo León» pudo haber estrenado la vieja costumbre de cobrar por partida doble, primero como gobierno y luego como despacho. Si no se prueba, la ASF quedará como árbitro que pitó penal a un rival en temporada electoral. Ambas salidas exigen lo mismo: pruebas, no conferencias.
El segundo tema es de la misma familia. Ante comisiones de la Cámara de Diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Carvente, describió una red de cinco empresas que, entre 2014 y 2025, se repartieron 2 mil 461 millones de pesos en contratos de material electoral en los organismos electorales de los estados. Inflaban el precio de referencia, sacaban al que ofrecía precio real y una se descalificaba para que ganara la otra. El 77 por ciento de ese dinero se concentró de 2021 a 2025.
Lo notable no es la trampa, que es vieja como el acarreo, sino la confesión implícita: el oligopolio se detectó once años después. Y cuando le preguntaron por qué nadie vio nada, el contralor se deslindó de los contratos con una frase que merece placa: «Tenemos voz, pero no tenemos voto». En el INE, por lo visto, el vigilante también era decorado.
Mientras tanto, la Comisión de Presupuesto, que preside la morenista Merilyn Gómez Pozos, puso a circular el dictamen del Presupuesto 2027 con un recorte de 5 mil millones al INE: de 42 mil 274.5 a 37 mil 275 millones, justo en vísperas de la elección de 2027. Según el propio dictamen, el ajuste «no pondría en riesgo» sus funciones. El dinero se iría a La Escuela es Nuestra (3 mil millones), medio ambiente (mil), aviación civil (700) y la Comisión Nacional de Búsqueda (300).
Nadie dice que el árbitro merezca cheque en blanco después del cochinero. Y 300 millones para buscar desaparecidos es mejor destino que cualquier urna con sobreprecio. Pero recortar en plena crisis tiene otra lectura: no se limpia la cocina quitándole el gas. Se limpia corriendo al que cobraba de más. El pleno votará entre el 9 y el 11 de noviembre; ahí se verá si fue tijera de austeridad o de castigo.
El tercer tema ocurrió este sábado, lejos de los diagramas. Tras inaugurar un plantel de la Universidad Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue alcanzada por pobladores de la presa Endhó, invadida de lirio y mosquitos. «¡Presidenta, la presa Endhó la necesita! Estamos sufriendo», le gritó una mujer a la ventanilla de la camioneta.
La respuesta fue inmediata: «Lo voy a atender yo, personalmente. Esta misma semana los busco». Hay mérito en bajar la ventanilla. Pero el reclamo de los ejidatarios también apuntó a su propio gabinete: «Ya hablamos con Alicia Bárcena, y no le ha tomado la seriedad debida». Cuando la solución de un drenaje a cielo abierto depende de que la presidenta lo atienda en persona, lo que falla no es la presa: es la tubería institucional.
Por la tarde, en el CBTis 198 de Celaya, arrancó en Guanajuato la entrega de tarjetas de la Beca Benito Juárez, de mil 900 pesos bimestrales. Los muchachos esperaron más de una hora bajo el sol para entrar. La beca sirve y hay que decirlo. Lo que no sirve es que el país siga teniendo dos ventanillas: la del evento, con porras, y la de la camioneta, con gritos.
P.D. 1. — El bisturí con mayoría de edad. La Comisión de Salud del Senado aprobó un dictamen para prohibir las cirugías estéticas en menores de 18 años, salvo las reconstructivas o indispensables para su salud. México es el tercer país del mundo en estos procedimientos, con un millón 36 mil 618 al año, y Luis Donaldo Colosio calificó de «escandaloso» el dato de la Conamed: más de la mitad las practica gente sin la especialidad. Bien por el consenso. Ahora falta que la ley llegue a las clínicas de cochera antes que la próxima tragedia.
Dinero que viaja, árbitros sin voto y presas que esperan visita.
En México no falta quien audite; falta quien devuelva.
